DUQUE AVANZA CON SU POLÍTICA DE
ARRASAR LOS DERECHOS DEL PUEBLO
¡LOS TRABAJADORES PUEDEN Y TIENEN
QUE ENFRENTARLO CON LA LUCHA DIRECTA!
El gobierno de Iván Duque avanza con su
política de arrasar con los derechos del pueblo colombiano, conquistados al
calor de la lucha organizada; durante los meses de abril y mayo, emitió más de
40 Decretos bajo el pretexto de mitigar la crisis de la pandemia, cuando en
realidad está cumpliendo con el mandato de los organismos “multilaterales” como
la OCDE, el BM, el FMI, para salvar al Sistema Capitalista de la crisis y para
cumplir el llamado “Paquetazo” consignado en su Plan Nacional de Desarrollo.
Para terminar su trabajo juicioso en beneficio de los grandes
empresarios (entre ellos las EPS, ARL y AFP, los grupos económicos, la banca
financiera y las multinacionales), expide el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020,
se evidencia un comportamiento dictatorial del presidente; agudiza el
terrorismo de Estado por medio de toques de queda, y, entre otras políticas
públicas, permite agilizar las licencias para el extractivismo y favorecer el
sector minero energético; pone en venta las acciones que tiene en las empresas
que quedan con participación del Estado, que deberían ser patrimonio del pueblo,
y pretende utilizarlo para cubrir gastos
en la situación que vive el país, pero que no se paga con los billones de
dineros que ya han tomado.
Por ejemplo, $7 billones de los recursos para la salud se los
dieron a los dueños de las EPS, cuando son empresarios que ganan por partida
doble, porque no atienden a enfermos diferentes al COVID 19, por lo tanto, no
facturan para los hospitales y sí reciben los recursos completos por UPC. Ellos
prefieren enviar los pacientes a carpas adecuadas para el virus en Bogotá a
Corferias, dejando los hospitales de la red pública camino a la quiebra.
Además, vienen despidiendo al personal de salud, a quienes les suspenden los
contratos, les bajan los salarios, con deudas de salario hasta de 18 meses como
sucede en el César, no les provisionan de los elementos personales de
bioseguridad y la infraestructura es totalmente ineficiente o inexistente como
en Chocó, Amazonas o en Tumaco.
Bajo Decreto 593 del 24 de abril del 2020, el gobierno impone la
“cuarentena inteligente”. En este Decreto, también admite la conexidad con la
vida del derecho al trabajo y da vía libre a los sectores de manufactura y
construcción para volver a laborar con los elementos de bioseguridad que debían
entregar los patronos y que no lo han hecho en su mayoría. La flexibilización
de la cuarentena ya comenzó a reflejarse en el crecimiento de la curva de
contagio y muerte en el país, problema que se vio agravado debido al bajo
número de pruebas que se realiza y al aumento de las tasas de contagio que se
disparó a raíz de la salida masiva a trabajar desde el 27 de abril por el
llamado de los empleadores a los sectores de la construcción y la manufactura.
Todo esto se evidencia en que hasta el 27 de abril los contagios
subieron máximo a 200 en 24 horas (Decreto 593 del 24 de abril de 2020),
mientras que, del 27 de abril al 13 de mayo del 2020, alcanzaron 12.930 y 509
muertes, 658 casos nuevos en 24 horas. Y, al revisar el historial día a día se
demuestra que el número de contagiados en Colombia se dispararó así: desde el 5
al 12 de mayo fueron más de 500 cada 24 horas y del 12 al 13 de mayo más de
600. Igualmente, el secretario de salud de Bogotá coincide con otras
declaraciones en que el pico se alcanza hasta finales de junio o principios de
julio. Lo que quiere decir que, en pleno pico de la pandemia, el gobierno de
Duque envía trabajadores a contaminarse y al peligro de muerte con tal de
beneficiar las arcas de los grandes empresarios. En esa misma medida se
aumentaron los contagios el 11 de mayo, y ni pensar en las dimensiones de
nuevos casos y muertes si se obliga a volver a las clases a los estudiantes,
docentes, padres y madres de familia.
El
direccionamiento tramposo que el Gobierno Nacional le viene dando a la
situación, con el franco y descarado favorecimiento a las multinacionales y
grandes empresarios, está produciendo una verdadera hecatombe social, reflejada
en las cifras que el propio DANE reconoce como la pérdida de más de 1.500.000
puestos de trabajo en lo que va corrido de esta fase, calculando que en los
próximos días esa cantidad puede incrementarse ostensiblemente; es decir, que a
la inmensa masa de mujeres y hombres que a diario salen a las calles con la
incertidumbre de conseguir su sustento y el de sus familias, se suma ahora ese
nuevo ejército de desocupados sin horizonte ni posibilidades. Pululan el
desconocimiento de los contratos laborales, la reducción de salarios, la
quiebra de los pequeños y medianos negocios,…
La
situación en las cárceles es la muestra de que el Estado colombiano a través de
sus distintos gobiernos y matices burgueses imponen la condena de muerte como
viene pasando en la cárcel de Villavicencio, donde la cifra de contagios
sobrepasa los 800, de los cuales ya hay varios muertos. Los traslados de estas
personas privadas de la libertad (PPL) ha llevado a que se presenten también
contagios en otras cárceles del país como es el caso de Ibagué donde ya son más
de 10 personas con Covid 19 entre guardias y enfermeras, sin saber a ciencia
cierta la cantidad de PPL contagiadas debido al bajo número de pruebas
realizadas tanto en las cárceles como en todo el país.
El
terrorismo de Estado se fortalece a través del mismo Decreto 637 del 2020, con
el uso de los medios de comunicación y los toques de queda, porque ante la
necesidad de atender por ejemplo a Leticia en el Amazonas, lo primero que
dictamina es el toque de queda y la militarización del lugar. Por otro lado,
está la intromisión de Colombia en el conflicto generado por EEUU contra
Venezuela con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro, cuando
permite que, en tierras colombianas como parte de La Guajira, los mercenarios
gringos junto con opositores del gobierno de Venezuela violan la soberanía y la
libre autodeterminación de los pueblos, no sólo del hermano pueblo venezolano,
sino también el territorio colombiano.
En los últimos días se conocieron las interceptaciones ilegales
coordinadas por los militares en Colombia junto con el gobierno norteamericano
en contra de líderes populares y opositores políticos del gobierno de Iván
Duque. Estados Unidos bajo el argumento de la lucha contra las drogas promovió
estas actividades y hasta prestó los equipos para realizar el monitoreo y
ubicación de los dirigentes populares. Lo anterior evidenció que la mafia en el
poder está utilizando los organismos de inteligencia para perseguir y asesinar
a los líderes sociales y contradictores al gobierno.
Es necesario luchar contra el hambre, el
atropello a los derechos laborales, pensionales y de seguridad social, así como
contra los despidos, la rebaja de salarios de los trabajadores, la
sisbenización y empobrecimiento de los campesinos; todo ello como parte de
continuar con la lucha contra el “paquetazo” y los Decretos dictatoriales
emitidos bajo la pandemia, mostrando
cómo es necesario prepararse para los levantamientos de masas en contra de la crisis capitalista
mundial.
La
declaración de la emergencia económica es continuación de la política en contra
de los derechos de los trabajadores. Es necesario continuar no solo la lucha de
manera virtual, sino avanzar hacia la movilización en las calles con todos los
protocolos de bioseguridad, en preparativos para el levantamiento de masas, que
además exija el desmonte de la Ley 100, el NO PAGO de la Deuda externa, para que se usen esos
dineros en las verdaderas necesidades del pueblo, de los más necesitados, y se
reconozca el mínimo vital como el salario básico de la población vulnerable,
otorgamiento de subsidios a los pequeños y medianos propietarios y
profesionales independientes, para evitar la hambruna y la miseria de todo el
pueblo.
Bloque por el Paro General Indefinido
16 de mayo 2020
