COMITÉS DE LUCHA: Llamado del Bloque por el Paro General Indefinido

Llamado a los obreros y a todo el pueblo trabajador colombiano

El mundo vive un momento de gravedad excepcional. La pandemia del COVID-19 ha expuesto ante los ojos de todos los pueblos la bancarrota del sistema capitalista que, hundido en contradicciones y crisis económicas y políticas, es incapaz de resolver los problemas de la humanidad, y muy seguramente llevará a una agudización de las luchas de los pueblos. Las clases dominantes de todas las latitudes, con mayor o menor descaro, se concentran más en salvar sus negocios que en salvar vidas, y para ello, buscan sacar provecho de la situación echando mano de enormes cantidades de dineros públicos.

En Colombia, ante la llegada de la pandemia, el gobierno de Duque puso desde un principio por encima de la necesidad de proteger a la población del contagio, el interés de empresas de sectores como el aéreo que hasta mediados de marzo operaron normalmente los vuelos provenientes de Europa, cuando ya se tenía conocimiento de los niveles críticos que la enfermedad había alcanzado en países como Italia y España. A sabiendas de que el coronavirus estaba entrando por los aeropuertos, en forma criminal esas compañías expusieron a sus trabajadores y al país a la infección sin que existiera control alguno por parte del Estado. Pese a las apariciones diarias del presidente Duque simulando tener el control de la situación, en la práctica se muestra su total incapacidad. En las grandes ciudades el transporte masivo y actividades económicas no esenciales continúan funcionando, haciendo imposible cumplir con las medidas de aislamiento social tomadas tardíamente; en las empresas que continúan operando, a los trabajadores no se les proporcionan elementos de protección; pero más grave aún, puesto que falta el dinero y la comida en los hogares, miles de familias están decidiendo salir a buscar alimentos por cualquier medio, así les toque exponerse a contraer el virus.

Esto es así, pues a la calamidad de la pandemia la acompaña el hambre acrecentada porque millones de colombianos que viven en la informalidad de repente quedaron impedidos del rebusque de su sustento; porque las empresas han acudido a despidos masivos de trabajadores contratados mediante empresas temporales y por la presión para que los contratados directamente presenten solicitudes de licencias no remuneradas. Además, con la resolución 803 del 19 de marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo decidió facilitarles a las empresas la suspensión de actividades y los despidos colectivos.

Estamos viviendo una pandemia que afecta de manera dramática la salud y la vida de la población en general, y por cuenta de ella, estamos en aislamiento social preventivo y necesario. Pero ahora más que nunca queda evidente que la desigualdad social generada por el capitalismo y la crisis económica galopante del mismo, afecta mucho más profundamente a los trabajadores, a los campesinos pobres y a las comunidades marginadas, sobre quienes de manera permanente la burguesía descarga las crisis.

El aislamiento social que impone una pandemia como la actual, es necesario principalmente para evitar el colapso del sistema de salud, pero en Colombia nos cogió con este ya colapsado, con muchos hospitales en los que el personal lleva meses sin salario y no hay los elementos mínimos como trajes adecuados, tapabocas e insumos, para no hablar de los respiradores mecánicos, hoy tan importantes. Los profesionales de la salud son contratados mediante toda clase de formas de intermediación para sobreexplotarlos y negarles sus derechos laborales. En un momento de esta calamidad nos encontramos con que el resultado de las pruebas para determinar si la persona es positiva se demoraba hasta 8 días, de tal manera que los datos sobre los niveles del contagio corresponden a varios días atrás, y la Procuraduría informó que en un 80% de las muestras había errores en el procedimiento para obtenerlas. Semejante situación es el resultado de la Ley 100 que convirtió la salud en negocio de unos carteles que la sometieron a un saqueo permanente. Una emergencia como la actual no se puede enfrentar sino con un sistema en manos del Estado y con recursos suficientes; y no se debe permitir que se aproveche, como lo está haciendo el gobierno, al destinar dineros del presupuesto para cancelar las deudas acumuladas por las EPS con las clínicas y hospitales.

Para enfrentar el COVID-19 Duque declaró la emergencia económica, social y ecológica y a su amparo dictó el Decreto 444 mediante el cual se apoderó de 14 billones de las regalías que pertenecen a las regiones y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, con el fin de darle liquidez al sector financiero y otorgar capital a las empresas privadas. Del mismo corte son las disposiciones del Banco de la República que puso a disposición de las entidades financieras más de $10 billones para comprarles diversos títulos emitidos por estas y les bajó las tasas de interés. A todo esto se suma que dentro del presupuesto para el presente año se destinaron $59,3 billones para el pago de la deuda pública. Entre tanto, a la población empobrecida solo se les ofrecen las limosnas de familias y jóvenes en acción, y del adulto mayor, y el gobierno inepto no logra siquiera poner control a la especulación desatada en los precios de los alimentos, mientras los campesinos, que hacen descomunales esfuerzos para producir los alimentos que necesita la población, se quejan por los altos costos que tienen los insumos y el transporte para ponerlos en el mercado, y por las sumas irrisorias que los intermediarios les pagan por sus productos. Los pequeños y medianos propietarios se ven abocados a la ruina y lo que se les ofrece es que se endeuden con la plata que el Estado les prodiga generosamente a los bancos.

Como los hambrientos se niegan a encerrarse en sus casas a morir, el gobierno en lugar de proporcionarles alimentos, los reprime y amenaza con militarizar pueblos y ciudades con el pretexto de hacer cumplir la cuarentena. Al tiempo, continúan impunemente los asesinatos de los luchadores sociales. Utilizando la pandemia están aplicando el terrorismo de Estado, la declaración de guerra.

Un hecho que muestra la catadura criminal del régimen, fue la respuesta que se les dio a las protestas en las cárceles del país, que se produjo por el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en las que tienen que sobrevivir 120.000 internos, los cuales exigían que se les garantizaran condiciones para evitar el contagio y que fueron reprimidos brutalmente con un saldo de 23 muertos.

El Bloque por el Paro General Indefinido, con el mismo espíritu de rebeldía que animó las jornadas que se iniciaron el 21 de noviembre de 2019, expresa su respaldo decidido a las luchas que emprenden los trabajadores, los pobres de la ciudad y del campo, los pequeños y medianos propietarios, y en esta hora angustiosa hace un llamado al combate por el siguiente programa mínimo de exigencias al gobierno nacional y a los gobiernos locales:

1. Todos los recursos privados y públicos deben destinarse a derrotar el coronavirus y el hambre. Redestinar los $59,3 billones que el presupuesto del 2020 asignó al pago de la deuda externa y reducir el gasto militar a fin de que estos dineros sean usados para fortalecer el sistema de salud público, construir hospitales, garantizar los salarios del personal de salud, de servicios generales y administrativos que hacen posible atender la emergencia, garantizar las herramientas e insumos para su labor y contratar de manera directa e indefinida a todo el personal necesario para atender la pandemia, así como todos los servicios de salud que requiera la población. Igualmente, garantizar la protección al personal que labora en el campo de la salud. Protección especial para los campesinos asegurando la realización de las pruebas y atención integral en las zonas rurales. Intervención de las industrias que sean necesarias para la fabricación en masa y en el acto, de respiradores, camas y dotación para atender el creciente número de infectados.

2. La atención de la pandemia debe financiarse también con impuestos al gran capital y de ninguna manera despojando a las regiones y a los trabajadores de sus ahorros para pensiones, cesantías u otros recursos.

3. El gobierno debe proporcionar elementos de protección y alimentos para la manutención de los desempleados y trabajadores informales y sus familias, otorgando un salario que cubra sus necesidades básicas y garantizar su aislamiento social preventivo en condiciones adecuadas; así mismo, proporcionar subsidios de salvamento a los profesionales independientes y a los pequeños y medianos propietarios de la ciudad y el campo.

4. Nacionalizar el sistema de salud para que el Estado asuma el control y la responsabilidad de la atención médica a la población; derogatoria de la ley 100; eliminación de las EPS y de las AFP; uso de todas las clínicas y todas las instalaciones que se puedan adecuar para la atención médica de la emergencia a cargo del Estado.

5. Nacionalización de los servicios públicos; suspensión de su cobro hasta tanto se supere la emergencia y garantía de agua potable a todos los colombianos.

6. Nacionalización de la banca para que el país no siga siendo víctima del parasitismo financiero y evitar que la pandemia sea utilizada para endeudar aún más a la población.

7. Rechazo al despido de trabajadores, a las licencias no remuneradas y a la suspensión de actividades sin remuneración, así como a la rebaja en los salarios y condiciones laborales. Exigir el reintegro inmediato de los despedidos. Exigencia a los patronos para cumplir con todas las obligaciones que tienen con los trabajadores.

8. Parar la producción no esencial. Protegiendo debidamente a los trabajadores, producir mínimo lo necesario para alimentar a la población, medicinas y todos los elementos para atender la emergencia sanitaria. La producción campesina debe garantizarse con subsidios a los insumos, transporte y centros de acopio. Las empresas que por parar la producción requieran ser rescatadas, deben nacionalizarse definitivamente.

9. Rechazo a la militarización del país y al asesinato de luchadores sociales.

10. El Estado debe garantizar la vida de los reclusos en las cárceles dotándolas de los elementos de protección frente a la pandemia, y para descongestionarlas, otorgar libertad condicional a los procesados por delitos de rebelión y conexos y a las mujeres embarazadas.

Llamamos a los obreros, a los campesinos, indígenas, estudiantes, profesionales, a los trabajadores de la cultura, a los pequeños y medianos propietarios, a todos los oprimidos y explotados, a unirnos para exigir el cumplimiento del programa aquí expuesto. Discutámoslo en las empresas, en los campos y en los barrios. Elaboremos los planes de acción por sectores y, teniendo todos los cuidados posibles frente al virus, dispongámonos a acompañar a las gentes que obligadas por las circunstancias saldrán por cientos de miles a las calles reclamando pan, techo, salud, derechos labores y garantías democráticas. Desde el Bloque nos comprometemos a participar en las luchas por la protección de la salud y la vida de todo el pueblo.

Hacemos un llamado especial a toda la población a rodear con su apoyo a los trabajadores de la salud, quienes constituyen la primera línea en el combate contra la pandemia. Igualmente, a respaldar y reconocer el valioso papel que cumplen en estos momentos los trabajadores del aseo.