Llamado a los obreros
y a todo el pueblo trabajador colombiano
El mundo vive un momento de gravedad excepcional. La pandemia del COVID-19 ha expuesto ante los ojos de todos los pueblos la bancarrota del sistema capitalista que, hundido en contradicciones y crisis económicas
y políticas, es incapaz de resolver los problemas de la humanidad, y muy seguramente llevará a una agudización de las luchas de los pueblos. Las clases
dominantes de todas las latitudes, con mayor o menor descaro, se concentran más
en
salvar sus negocios que en salvar
vidas, y para
ello, buscan sacar provecho de la situación echando mano
de
enormes cantidades de dineros públicos.
En Colombia, ante la llegada de la pandemia, el gobierno de Duque puso desde un principio por encima de la necesidad de proteger a la
población del contagio, el interés de empresas de sectores como el aéreo que hasta
mediados
de marzo operaron
normalmente los vuelos provenientes
de Europa, cuando ya se tenía conocimiento de los niveles críticos que la enfermedad había
alcanzado en países como Italia
y España. A sabiendas de que el
coronavirus estaba entrando por los aeropuertos, en forma criminal esas compañías expusieron a sus trabajadores y al
país a la infección sin
que
existiera control alguno por parte del Estado. Pese a las apariciones diarias
del presidente Duque simulando tener el control de la situación, en la práctica
se muestra su total incapacidad. En las
grandes ciudades el
transporte masivo y actividades económicas no esenciales continúan funcionando, haciendo imposible cumplir con
las medidas de aislamiento social tomadas tardíamente; en las
empresas que continúan
operando, a los trabajadores no se les proporcionan elementos de protección; pero más grave aún, puesto que falta el dinero y la comida en los hogares, miles de familias están decidiendo salir a buscar alimentos por cualquier medio,
así les toque exponerse a contraer el virus.
Esto es así, pues a la calamidad de la pandemia
la
acompaña el hambre acrecentada porque millones de colombianos que viven en la informalidad de repente quedaron impedidos del rebusque de su sustento; porque
las empresas han acudido a despidos masivos de trabajadores contratados mediante empresas temporales y por la presión para que los contratados directamente presenten solicitudes de licencias no remuneradas. Además,
con
la resolución 803 del 19 de marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo decidió facilitarles a las empresas la
suspensión de actividades y los despidos
colectivos.
Estamos viviendo una
pandemia que afecta de manera dramática la salud
y la vida de la
población en general, y por cuenta de ella,
estamos en aislamiento social preventivo y necesario. Pero ahora
más
que nunca queda
evidente que la desigualdad social generada por
el capitalismo y la crisis económica galopante del
mismo, afecta mucho más
profundamente a los trabajadores, a los campesinos pobres y a las comunidades marginadas, sobre
quienes de manera permanente la
burguesía descarga
las crisis.
El aislamiento social que impone una pandemia como la actual, es necesario principalmente para evitar el colapso del sistema de salud, pero en Colombia nos cogió con este ya colapsado, con muchos hospitales en los que el personal
lleva meses sin salario y no hay los
elementos mínimos como trajes adecuados, tapabocas e insumos, para no hablar de los respiradores mecánicos, hoy tan importantes. Los profesionales de la salud son contratados
mediante toda
clase de formas de intermediación para sobreexplotarlos y negarles sus derechos laborales. En un
momento de esta calamidad nos encontramos
con
que el resultado de las pruebas para determinar si la persona es positiva
se demoraba
hasta 8 días, de tal
manera
que
los datos sobre los
niveles del contagio corresponden a varios días atrás, y la Procuraduría informó que en un 80% de las muestras había errores en el procedimiento para
obtenerlas. Semejante situación es el resultado de la Ley 100 que
convirtió la salud en negocio de unos
carteles que la sometieron a un saqueo permanente. Una emergencia como la actual no se puede enfrentar sino con un
sistema en manos del Estado y con recursos suficientes; y no se debe permitir que se aproveche, como lo está haciendo el gobierno, al destinar dineros del presupuesto para cancelar las deudas acumuladas por las EPS con las clínicas y hospitales.
Para
enfrentar el COVID-19 Duque declaró la emergencia económica,
social y ecológica y a su amparo dictó el
Decreto 444 mediante el cual se apoderó de 14 billones de las regalías que pertenecen a las regiones y al Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, con el fin de darle liquidez al sector financiero y
otorgar capital a las empresas privadas. Del mismo corte son las disposiciones del Banco de la República que puso
a disposición de las entidades financieras más de
$10 billones
para comprarles diversos títulos emitidos por estas y
les bajó las tasas de interés. A todo esto se suma que dentro del presupuesto para el presente año se destinaron $59,3 billones para
el pago de la deuda pública.
Entre tanto, a la población empobrecida
solo se les ofrecen las limosnas de familias y jóvenes en acción, y del adulto mayor, y el gobierno inepto no logra siquiera poner control a la especulación desatada en los precios de los alimentos, mientras los campesinos, que hacen descomunales esfuerzos para producir
los
alimentos que necesita la población, se quejan por
los
altos costos que tienen los insumos y el
transporte para ponerlos en el mercado, y por
las sumas irrisorias que los
intermediarios les pagan por sus productos.
Los pequeños y medianos propietarios se ven abocados a la ruina
y lo que se les ofrece es que
se endeuden con la plata que el Estado les prodiga generosamente a
los
bancos.
Como los hambrientos se
niegan a encerrarse
en sus casas a morir, el gobierno en lugar de proporcionarles
alimentos,
los
reprime y amenaza con
militarizar pueblos
y ciudades con el pretexto
de
hacer cumplir la cuarentena. Al tiempo, continúan impunemente los asesinatos de los luchadores sociales. Utilizando la pandemia
están aplicando el terrorismo de Estado, la declaración de guerra.
Un hecho que muestra la
catadura criminal del régimen, fue la respuesta que se les dio a las protestas en las
cárceles del país, que se
produjo por el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en las que tienen que sobrevivir 120.000 internos, los cuales exigían que se les garantizaran condiciones para evitar el contagio y que
fueron reprimidos
brutalmente con un saldo de 23 muertos.
El Bloque por el Paro General Indefinido, con el mismo espíritu de rebeldía que animó las jornadas que se iniciaron
el 21 de noviembre de 2019, expresa su respaldo decidido a las luchas que emprenden los trabajadores, los pobres
de
la ciudad y del campo, los pequeños y medianos
propietarios, y en
esta hora angustiosa
hace un llamado al
combate por el
siguiente programa mínimo de exigencias al gobierno nacional y a los
gobiernos locales:
1. Todos los recursos privados y públicos deben destinarse a derrotar el coronavirus y el
hambre. Redestinar los $59,3 billones que el presupuesto del
2020 asignó al pago de la deuda externa y reducir el
gasto militar a fin de que
estos dineros sean usados para fortalecer el sistema de salud público, construir hospitales,
garantizar los
salarios del personal de salud, de servicios generales
y administrativos que hacen posible atender la emergencia, garantizar las herramientas e insumos para su labor y contratar de manera directa
e indefinida a todo el personal necesario para atender la pandemia,
así como todos los servicios de salud
que
requiera la población. Igualmente, garantizar la protección
al personal que labora en el campo de la
salud. Protección
especial para los campesinos asegurando la
realización de las
pruebas y atención
integral en las zonas rurales. Intervención de las industrias
que sean necesarias para la fabricación en masa y en el
acto,
de respiradores, camas
y dotación para atender el
creciente número de infectados.
2. La atención de la pandemia debe financiarse
también con impuestos al gran
capital y de ninguna manera
despojando a las
regiones y a los trabajadores de sus ahorros para pensiones, cesantías u
otros recursos.
3. El gobierno debe proporcionar elementos de protección y alimentos para la manutención
de
los desempleados
y trabajadores informales
y sus familias, otorgando un salario que cubra sus necesidades básicas y garantizar su aislamiento social preventivo en condiciones adecuadas;
así mismo, proporcionar subsidios de salvamento
a los profesionales independientes y a los pequeños y medianos propietarios de la
ciudad y el campo.
4. Nacionalizar el sistema de
salud para que el Estado asuma el control y la responsabilidad de la atención médica a la población; derogatoria de la ley 100; eliminación de las EPS y de las AFP; uso de todas las clínicas y todas las instalaciones que se puedan adecuar para la atención
médica de la emergencia a cargo del Estado.
5. Nacionalización de los servicios públicos; suspensión de su cobro hasta tanto se supere la emergencia
y garantía de agua potable a todos los
colombianos.
6.
Nacionalización de la banca para que el país no siga siendo víctima del parasitismo financiero y evitar que la
pandemia sea utilizada
para endeudar aún más
a la población.
7. Rechazo al despido de
trabajadores, a las licencias no remuneradas y a la suspensión de actividades sin remuneración, así como a la rebaja en los salarios y condiciones laborales. Exigir el reintegro inmediato de los despedidos. Exigencia a los patronos para cumplir con todas las obligaciones que tienen con los
trabajadores.
8.
Parar la producción no esencial. Protegiendo debidamente a los trabajadores, producir mínimo lo necesario
para alimentar a la población, medicinas y todos los elementos para atender la emergencia sanitaria. La
producción
campesina debe garantizarse con subsidios a los insumos, transporte y centros de acopio. Las empresas
que
por parar la producción requieran ser rescatadas, deben nacionalizarse definitivamente.
9.
Rechazo a la militarización del
país y al asesinato de luchadores sociales.
10.
El Estado debe garantizar la
vida
de los reclusos
en
las cárceles dotándolas
de los
elementos
de protección frente a la pandemia, y para descongestionarlas, otorgar libertad condicional a los procesados por
delitos de rebelión y conexos y a las mujeres embarazadas.
Llamamos
a los obreros, a los
campesinos, indígenas, estudiantes, profesionales, a los trabajadores de la
cultura, a los pequeños y medianos propietarios, a todos los oprimidos y explotados, a unirnos para exigir el cumplimiento del programa aquí expuesto. Discutámoslo en las empresas, en los campos y en los barrios. Elaboremos los planes
de
acción por sectores y, teniendo todos los cuidados posibles frente al virus, dispongámonos a acompañar a las
gentes que obligadas por las circunstancias saldrán por cientos de miles a las calles reclamando pan, techo, salud,
derechos labores y garantías democráticas.
Desde el Bloque nos comprometemos a participar en las luchas por la protección de la salud y la vida de todo el pueblo.
Hacemos un
llamado especial a toda la población a rodear con
su apoyo a los trabajadores de la salud, quienes constituyen la primera línea en el combate contra la
pandemia. Igualmente, a respaldar y reconocer el valioso papel que cumplen
en
estos momentos
los trabajadores del aseo.
Tendamos lazos fraternales de unidad con los pueblos del mundo con los
que
nos une la lucha contra los mismos
enemigos.
Pan, salud y servicios públicos para todos
Bloque por el Paro General Indefinido, 3 de abril de 2020
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