Feliciano
Valencia debe estar en su comunidad:
Era el 14 de noviembre de 2008 en el
departamento del Cauca: en desarrollo de la Minga Social Indígena y Popular —forma
de organización y movilización de los pueblos indígenas para reclamar y
defender derechos— la Guardia Indígena detiene al Cabo del Ejército Jairo
Chaparral, quien estaba en una misión de infiltración ordenada por sus
superiores. Chaparral portaba en su morral prendas de uso privativo de las
fuerzas armadas y un radio de comunicación, artículos con los que pretendía “‘sembrar
pruebas”’ e inculpar la protesta de ser apoyada por la guerrilla, falsos
positivos judiciales como los que están ahora de moda.
La Guardia Indígena lo puso a
disposición de sus autoridades, la comunidad lo juzgó y le impuso una sanción
de 20 azotes y un “baño en plantas medicinales para armonizarlo”. La reacción
fue: “maltrato al militar… no hubo debido proceso… indios brutos y
guerrilleros”. Consecuencia: Feliciano Valencia condenado a 18 años de
cárcel por tortura y secuestro.
Era el 12 de noviembre de 2014 también
en el departamento del Cauca: la Guardia detiene a tres guerrilleros de las
FARC que asesinaron a un comunero, y las autoridades indígenas los condenan a
60 y 40 años. La reacción entonces fue: “La justicia indígena es un
ejemplo para Colombia… eso es efectividad… debemos aprender de la sabiduría de
nuestros hermanos indígenas”.
¿No quieren una limonadita de mango? ¿Al
fin qué?
Lo que aquí se evidencia es el
verdadero rostro y carácter del Estado y todo su aparato: el Legislativo (el
que hace las leyes y las normas) el Ejecutivo (el que cumple los acuerdos de
los poderosos y sus representantes) y el Judicial (el que les cuida las
espaldas a los ricos, los políticos y a sus ayudantes) todos contra el pueblo,
contra los campesinos, contra los indígenas, contra las masas populares y
contra los obreros y trabajadores.
¿Fue correcta la actuación de la
comunidad indígena?
Por supuesto que fue correcta la
forma de actuación y da un ejemplo para las organizaciones de masas en lucha;
en el caso del Cabo del Ejército puso al descubierto el modo de operar de las
fuerzas represivas del Estado, que se disfrazan de pueblo, se infiltran en las
organizaciones bien sea para sembrar falsas pruebas o para identificar,
individualizar los dirigentes y procesar, “desaparecer” o asesinar a los
luchadores.
¿Por qué el gobierno, la justicia,
los políticos y los medios de comunicación de la burguesía, todos a una sola
voz se sesgan respecto a la justicia indígena por casos muy similares?
Los dos casos suceden en territorios
indígenas, ambos involucran a masacradores del pueblo o como los llaman “actores
del conflicto”; sin embargo, en uno hay aplausos y en el otro, no sólo repudio,
sino que se acomoda la ley convencional para aplastar a un reconocido dirigente.
Cabe entonces
la pena preguntarse:
¿Qué hace
el Ejército infiltrando, sembrando pruebas como radios y prendas militares,
montando un falso positivo judicial a una comunidad indígena?
¿No se
supone que las fuerzas armadas son para proteger a TODOS los colombianos,
incluidos los indígenas?
¿O se
trata más bien de los preparativos para declarar la guerra de los ricos contra
todo el pueblo?
No
perdamos de vista que hablamos del 2008 cuando los llamados falsos positivos
del Ejército de Uribe fueron más de 4.000; tampoco es descabellado pensar que
este era un “falso positivo judicial” que ahora en el gobierno de la supuesta
paz de Santos se concreta quitando de en medio un símbolo de la resistencia de
los indígenas del Cauca.
Si la justicia indígena tomó una decisión colectiva, ¿por qué judicializan
únicamente a Feliciano Valencia? Qué más quisieran los ricos explotadores que
judicializar a todos los pueblos indígenas. Y debemos desconfiar que no sea ese
el propósito de separar los pueblos de los “blancos y mestizos” y el de los indígenas
como abiertamente lo propuso la reaccionaria Paloma Valencia del partido de
Uribe.
¿No será que todo esto es parte de una estrategia de sectores del Estado
y de terratenientes y capitalistas del Cauca para intimidar a las
organizaciones indígenas?
Si esto queda así, si se permite que
Feliciano Valencia sea condenado, se creará un precedente para que el Ejército
y el ESMAD puedan continuar sin problema ni consecuencias, pasar literalmente
por encima de las marchas, protestas y luchas obreras, campesinas y populares.
Eso es lo que buscan y ni solamente con
Feliciano Valencia sino además con el apresamiento y encausamiento de cuatro
integrantes de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente
Colombiano (DHOC), quienes fueron detenidos recientemente, también acusados por
secuestro simple. Su delito: mediar en la entrega de un grupo de policías que
por intentar agredir a campesinos participantes en el paro agrario del 2013,
fueron inmovilizados por estos.
¿Por qué siempre se criminaliza la protesta de campesinos e indígenas?
¿No será que los indígenas protestan
porque el 70% de los niños indígenas tienen desnutrición crónica y uno de
cuatro niños muere antes de cumplir 6 años como denuncian algunos estudios?
¿No será que los indígenas protestan
porque según la Corte Constitucional, 34 de los 102 pueblos indígenas podrían
desaparecer?
¿No será que el malestar social se
genera porque solo el 2.7% de los indígenas llega a la educación Superior como
informa el Censo amañado del 2005?
¿No será que indigna que entre 2002 y
2009 84 indígenas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales?
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a más del 90%
de comunidades indígenas de la región, se declaró en Asamblea Permanente para
exigir que se respete su jurisdicción, dentro de la que Valencia Medina actuó
para retener y castigar al soldado.
El anuncio del CRIC tardó pocas horas en hacerse realidad. En la tarde
de ese miércoles más de cien cabildos se reunieron rechazando la medida contra Valencia,
quien está a la espera de saber si será enviado a una cárcel convencional donde
tendría que, entre otros, cortarse el cabello largo que caracteriza a la comunidad
que representa.
Si la justicia de los ricos, no libera a Feliciano Valencia, ¿qué deben
hacer el pueblo indígena, los campesinos, los obreros y las masas populares en
general?
Si el caso que pone a Feliciano tras rejas es porque la justicia indígena
condenó a un infiltrado, entonces toda la comunidad debe marchar con fuerza al
lugar donde lo tienen preso para que el Estado encarcele a todos los
responsables o exigir la liberación del compañero.
Si el compañero Feliciano no es liberado por la justicia de los ricos,
debe actuar nuevamente la justicia indígena, marchando en Minga para sacar de
la cárcel a su dirigente y tomar las medidas necesarias para hacer respetar su
mandato, con la seguridad de que todo el pueblo colombiano respaldará su sabia decisión.
