Sí, mientras los gobernantes y guerrilleros hablan de
paz y posconflicto… el Estado en cabeza de Santos y los grupos paramilitares
amparados por las fuerzas militares, siguen asesinando dirigentes sociales,
reclamantes de tierras y activistas de “derechos humanos”. Esa es la paz de los
oligarcas y del gobierno que los dirigentes de la llamada izquierda y los
directivos de las centrales sindicales respaldan y ayudaron a reelegir.
Las cifras son escandalosas. Según el diario El
Espectador del 5 de abril, en el transcurso del año: “se han producido 28
asesinatos, 13 de los cuales se dirigieron contra defensores de derechos
humanos y 15 fueron objeto de acciones de 'limpieza social', estrategia de los
criminales para crear miedo.”
El propio Ministro de Gobierno, Juan Fernando Cristo
reconoció el 9 de abril que en lo que va corrido del año han sido asesinados 12
dirigentes sociales, es decir un crimen político por semana; en una declaración
hipócrita dijo: “andamos en contacto con dirigentes de derechos humanos, de la Marcha
Patriótica, de la Unión Patriótica, la Cumbre Agraria y les estamos pidiendo
que conformen un equipo con cinco representantes de las organizaciones sociales
para establecer medidas”. Y se
comprometió a crear una comisión con representantes del ministerio de Defensa,
la Policía Nacional, entre otras, las mismas fuerzas encargadas de perpetrar y
encubrir los crímenes “a fin de evitar que sigan asesinando a líderes sociales
en el país”.
Es tan terrible la situación de violencia e impunidad
que hasta el gobierno central de Estados Unidos se pronunció preocupado porque
en Colombia impera: “Un sistema judicial ineficaz sujeto a la intimidación
limita la capacidad del Gobierno para perseguir eficazmente a individuos
acusados de violaciones de derechos humanos, entre ellos exmiembros de grupos
paramilitares”. Y porque sigue rampante la actividad de “grupos criminales,
algunos de los cuales integran antiguos paramilitares”.
Por su parte, voceros de Marcha Patriótica afirman que
sólo en el mes de marzo las víctimas superan a las que ha informado el gobierno
para todo el año y entre las que se cuentan: Maricela Tombé del Congreso de los
Pueblos, Alexander Oime de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Klaus
Zapata de la Juventud Comunista, Milton Escobar de la Unión Patriótica, William
Castillo, Alex Carrillo, Cristian y Jorge Castiblanco de Marcha Patriótica. En
los primeros días de abril aparecido muerto con signos de tortura el joven
estudiante Nelsón Andrés Junca de la Unión Patriótica. A estos asesinatos se
suma la mascare de nueve campesinos en el departamento de Putumayo; la
detención de Noreida del Carmen Trejos, Rigoberto Marín Vallejo, José Orlando
Ángel Quintero y Wilson Castrillón. Además, prosiguen los atentados y amenazas
contra dirigentes sociales y políticos, incluidos reconocidos dirigentes
liberales como Piedad Córdoba.
Si se tiene en cuenta que desde la fundación de Marcha
Patriótica en el 2012 han sido asesinados 116 sus militantes, no es una
exageración pensar que ésta es otra versión de la misma y peligrosa paz de los
sepulcros que exterminó a la Unión Patriótica a mediados de los 80.
¡CONTRA
EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡LUCHA
DIRECTA Y ORGANIZADA DE LAS MASAS!
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