La historia de Colombia está llena de guerras,
rebeliones, tratados de paz y amnistías, empezando por la resistencia de los
pueblos indígenas ante la invasión de España, dejando para la historia a
insignes héroes guerreros de la época como Pipatón, Yarima, Calarcá y La
Gaitana; pasando por la insurrección de los Comuneros en 1871-72, de quienes el
pueblo recuerda los nombres de Manuela Beltrán, José Antonio Galán y Lorenzo
Alcantuz, entre otros, los dos últimos, héroes populares fusilados después de
las capitulaciones y la amnistía concedida a los ricos que promovieron el
movimiento.
La guerra de independencia liberó a Colombia de la dominación
de España pero la empeño a Inglaterra; las nuevas clases dominantes solo
concedieron la libertad prometida a los esclavos muchos años después de
innumerables rebeliones y cuando sostenerlos ya no era rentable.
Muchas guerras civiles, entre conservadores y
liberales se sucedieron a lo largo del Siglo XIX; terratenientes y burgueses se
enfrentaban en defensa de sus respectivos intereses y por el poder del Estado,
donde el pueblo siempre fue quien puso los muertos. El Siglo XX fue inaugurado
en medio de la “Guerra de los Mil Días” que terminó con el acuerdo bipartidista
que aceptaba los privilegios de los terratenientes y la iglesia, mientras a los
industriales, comerciantes y banqueros se les dejaba en libertad de hacer
negocios.
Pero el Siglo XX tenía, además del acuerdo entre las
clases dominantes, nuevos protagonistas contra quienes la violencia oficial fue
descargada: la clase obrera que surgió luchando contra la superexplotación
ejercida principalmente por las compañías imperialistas norteamericanas en las
plantaciones de banano, en las minerías, las petroleras y los ferrocarriles. El
5 y 6 de diciembre de 1928, fueron masacrados más de 3 mil obreros de las
bananeras en Ciénaga, tratados como “cuadrilla de malhechores” por el general
Cortes Vargas, nombrado jefe civil y militar por el entonces presidente Abadía
Méndez. Otro tanto sucedió con los obreros petroleros de Barrancabermeja, cuyas
históricas conquistas les han costado sangre.
Desde mediados de los años 40 y hasta finales de los
años 50 del siglo pasado, se presentó una nueva guerra y aunque fue nuevamente
presentada como una confrontación entre liberales y conservadores, tenía un
nuevo motivo: se trataba de despojar a sangre y fuego a los campesinos, especialmente,
los que ocupaban las zonas cafeteras, para apoderarse de la renta
extraordinaria que producían, y proveer de mano de obra barata a la gran
industria que marchaba a todo vapor en las ciudades.
Obligados por esa violencia de las clases dominantes,
miles de campesinos se vieron obligados a tomar las armas para defender su
vida. De esta época surgieron dirigentes populares como Guadalupe Salcedo,
Arturo Prias Alape y Pedro Antonio Marín – “Tirofijo”, entre otros tantos.
Cumplido el cometido de despojar a los campesinos de
sus tierras y arrojarlos como obreros a las grandes ciudades, y ante la amenaza
de que gran parte de los campesinos armados se convirtieran en fuerzas
militares populares bajo la influencia de los comunistas, los jefes liberales y
conservadores pactaron un acuerdo para subir al poder al General Rojas
Pinillas, encomendándole la tarea de pacificar el país. Una nueva amnistía fue
decretada para las guerrillas que depusieran las armas: Guadalupe Salcedo y
otros, creyeron en las bondades de la paz que les ofrecían los ricos y fueron
asesinados una vez entregaron las armas; la paz y la amnistía fueron
disfrutadas por los jerarcas de los partidos liberal y conservador; los
campesinos que llegaron a entender la trampa y no se entregaron fueron tildados
de “bandoleros” y tratados como criminales a los que había que perseguir y
asesinar; incluso varias zonas como Marquetalia fueron bombardeadas, obligando
a los campesinos de esas regiones a constituir las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – FARC, que hoy, a pesar de que conservan el nombre
tienen un carácter distinto al de su surgimiento, pues de ser básicamente una
organización de campesinos víctimas de la violencia, desde mediados de los años
80 se convirtieron en otro azote de los pobres del campo, junto con las fuerzas
militares y paramilitares.
Los enfrentamientos no acabaron allí, porque el
movimiento social siguió siendo tratado como criminal: en noviembre de 1967,
Lleras Restrepo, se vio obligado a conceder una amnistía e indulto general por
supuestos delitos que habían sido perpetrados por estudiantes en la Universidad
Nacional durante los meses de octubre de 1966 y junio de 1967. En 1971, siendo
presidente Pastrana Borrero, varios obreros de la Unión Sindical Obrera – USO
fueron juzgados en un Concejo Verbal de Guerra por los delitos de rebelión y
secuestro, entre otros, cuando realmente se trataba de una huelga obrera a la
que el Estado le dio tratamiento de guerra, viéndose también obligado, por la
misma lucha de los trabajadores a reversar su decisión en 1973, condonándoles
todas las penas impuestas.
Durante los años 80 se presentaron nuevos diálogos de
paz y amnistías que, como las anteriores, trataban de sofocar la rebeldía
popular y apaciguar las agudas contradicciones producto de las desigualdades
sociales, que han sido caldo de cultivo para el surgimiento de muchas
organizaciones guerrilleras, sobre todo, de la pequeña burguesía o pequeños
propietarios.
Es así que durante el gobierno de Belisario Betancur
se suceden treguas, diálogos de paz y amnistías con las FARC, el Movimiento 19
de Abril – M-19, el Ejército Popular de Liberación – EPL, justamente en el
momento de ascenso de los grupos paramilitares, por aquella época llamados
“Muerte a Secuestradores – MAS”, Macetos, etc. Y que durante los años
siguientes (1984-1990) se encargaron de exterminar a sangre y fuego a la Unión
Patriótica, movimiento político electoral promovido las FARC en la época de las
negociaciones y la tregua.
A pesar de la proliferación de los grupos paramilitares,
los acuerdos y negociaciones de paz con las guerrillas llevaron a la entrega de
las armas por parte del M-19 y la mayoría del EPL a las cuales se sumaron
organizaciones y grupos guerrilleros como el Quintín Lamen, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores – PRT, la Corriente de Renovación Socialista
del ELN, el Ejército Revolucionario del Pueblo – ERP y otros pequeños
destacamentos. Esa paz que nunca fue, asesinó a Carlos Pizarro, jefe máximo del
M-19; a los hermanos Calvo, dirigentes del EPL, y a muchos otros combatientes
desarmados.
Nuevamente, la paz y la amnistía fue para algunos
dirigentes, no sirvió para mejorar la situación de los obreros y los
campesinos, solo alcanzó para arreglar la situación económica de algunos
comandantes, a los demás los trataron como siempre: criminales que deben morir.
El hecho es que la paz para el pueblo nunca llegó, por
el contrario, se intensificaron las masacres y las fuerzas paramilitares,
amparadas por las fuerzas del Estado, ya no solo asesinaban a sangre fría sino
que descuartizaban sus víctimas con motosierras y jugaban futbol con sus
cabezas. Se estaba presentando otra guerra: un nuevo episodio de despojo de los
pobres del campo, esta vez por la renta que dejaban las tierras mineras,
petroleras y cocaleras.
Durante los 8 años de gobierno del jefe paramilitar
Uribe Vélez, los señores de la motosierra hicieron un acuerdo de paz; muchos
fueron amnistiados y unos cuantos fueron condenados a penas irrisorias,
mientras las grandes compañías nacionales y extranjeras, las verdaderas
beneficiadas con la guerra, se apoderaban de gran parte de las tierras
despojadas. La paz tampoco llegó y el hecho es que los grupos paramilitares o
Autodefensas siguen sembrando el terror y la muerte, solo que ahora las llaman
“Bandas Criminales – Bacrim”.
Ahora, en medio de la paz que se negocia en La Habana
con las FARC y en otros países con el ELN, prosigue la guerra y el asesinato
sistemático de reclamantes de las tierras prometidas por el gobierno de la paz,
la matanza de activistas del movimiento Marcha Patriótica, la persecución y la
cárcel para dirigentes obreros, campesinos y populares.
La paz y las capitulaciones que negocian ahora no
promete ser distinta a las firmadas en años anteriores, porque en últimas,
todas ellas siempre han servido para engañar al pueblo, beneficiar a los ricos
y desarmar el espíritu rebelde del pueblo.
Con justa razón se dice por ahí que la paz no será
posible mientras exista explotación del hombre por el hombre.
